Para castigar de 3 a 8 años de prisión a quien ilícitamente
realice el cambio de uso del suelo, descargue o deposite hasta tres metros
cúbicos en cualquier estado físico, residuos de la industria de la
construcción, extraiga suelo o cubierta vegetal por un volumen igual o mayor a
dos metros cúbicos, y a quien provoque un incendio en un área natural protegida
o de valor ambiental de competencia del Estado, así como en aguas marinas,
barrancas, ríos, cuencas, zonas de recarga de mantos acuíferos, o un área verde
en territorio urbano, la
diputada Norma Otilia Hernández Martínez presentó una iniciativa de reforma al
Código Penal del Estado.
La diputada de Morena reseñó
que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente señala
que las obras y actividades en áreas naturales protegidas debe tener
autorización en materia de impacto ambiental por parte de la autoridad federal
o estatal.
En este sentido, explicó
que las áreas naturales protegidas de competencia estatal están reguladas por
artículo 45 de la Ley Número 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente del Estado de Guerrero, y corresponde a la SEMAREN evaluar el impacto
y riesgo ambiental de las obras y actividades en esos lugares.
Norma Otilia Hernández dijo
que su propuesta de reformar el Código Penal es para garantizar la protección
de las 11 áreas naturales decretadas como protegidas en Guerrero, tanto
federales como estatales, las cuales abarcan una superficie de 9,388.73
hectáreas.
La legisladora refirió que la
protección de estos espacios es de gran importancia porque son dedicados a
conservar los ecosistemas, proteger la flora y fauna, asegurar la continuidad
de los procesos ecológicos y mantener diversos servicios ambientales de los
cuales depende el ser humano, como el alimento, abasto de agua, captura de
carbono, entre otros beneficios.
Además, mitigan los
desafíos ambientales, primordialmente el cambio climático, la pérdida de
biodiversidad, la crisis hídrica, la inseguridad alimentaria y la respuesta a
los desastres naturales, garantizando los derechos humanos reconocidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La propuesta fue turnada a
la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático
para su análisis y dictaminación respectivos.
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