Para orientar el diseño, instrumentación,
evaluación y control de las políticas públicas de prevención, atención y
erradicación de la violencia escolar, las y los diputados de la Comisión de
Derechos Humanos presentaron una iniciativa de Ley de Seguridad Integral Escolar
del Estado de Guerrero.
Al
presentar la propuesta, la diputada Leticia Mosso Hernández, presidenta de la
citada Comisión, expuso que el principal
propósito es establecer lineamientos desde la perspectiva de
una cultura de paz, enfoque de género y derechos humanos de las niñas, niños y
adolescentes.
Dijo
que el año pasado la Comisión de Derechos
Humanos de Guerrero remitió al Congreso el proyecto de Ley de Seguridad
Integral Escolar, misma que las y los diputados que integran la comisión
legislativa de Derechos Humanos -Leticia Mosso Hernández, Perla Xóchitl García
Silva, Mariana Itallitzin García Guillén, Robell Urióstegui Patiño y Aristóteles Tito Arroyo-
acordaron suscribir por ser un tema importante y relevante que ofrece
garantizar el derecho de la niñez y la adolescencia en el entorno escolar.
Destacó que el fenómeno de la violencia escolar no
es un tema reciente, pero fue la alta incidencia de casos lo que motivó la
creación de una propuesta de ley tendiente a atender y erradicar la violencia
en los centros educativos.
Agregó que de acuerdo con el estudio de la
Organización no Gubernamental “Bullying Sin Fronteras” para América Latina y
España, realizado en coordinación con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE),
de enero del 2019 a enero del 2020 México ocupa el primer lugar a nivel mundial
en incidencia de casos de acoso escolar; es decir, que siete de cada diez niños
lo sufren, y que Guerrero se encuentra en la posición número 18 a nivel
nacional.
La legisladora aseguró que a pesar de que la Ley Para
la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar
pretendió conseguir que en los centros educativos se consolidara un ambiente
seguro, desafortunadamente no cumplió con el objetivo, pues los actos de
violencia escolar no sólo se han suscitado entre estudiantes, sino que se han
detectado casos en los que quien ejerce la violencia es personal que labora en
las instituciones, tal y como lo ha documentado la Comisión de los Derechos
Humanos al emitir 21 recomendaciones por violencia escolar del 2015 al 2020.
En ese sentido, dijo que es evidente que la
situación actual rebasa los estándares legales para regular ciertas conductas
que son apremiantes en la sociedad; por ello, el ordenamiento propuesto tiene
como base los lineamientos previstos en el Programa Nacional de Convivencia
Escolar, contemplando no sólo el acoso escolar entre estudiantes, sino también el
maltrato escolar generado por personal educativo, así como el abuso sexual
infantil.
La iniciativa plantea lineamientos para prevenir,
detectar, atender y solucionar los casos de violencia escolar, y que su
observancia sea obligatoria para escuelas públicas y privadas del nivel básico
y medio superior. También define facultades y obligaciones de las instituciones
que convergen para el logro del objetivo que se propone, conceptualiza los
tipos de violencia escolar y hace énfasis en la capacitación como medida de
prevención.
Además, establece bases para la creación de un
Comité Interno de Seguridad Integral Escolar que deberá operar en cada centro
educativo, y que tendrá como finalidad el conocimiento e investigación de los
casos de violencia escolar, proponiendo la conciliación cuando sea procedente,
debiendo dictar medidas de protección para salvaguardar la integridad personal
de los estudiantes en caso de ser necesario, así como dar vista a las
autoridades competentes cuando las conductas derivadas de la violencia escolar
constituyan hechos ilícitos.
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