Para homologar el Sistema de Fiscalización local con el
nacional mediante las tecnologías de la información, y dotar a la Auditoría
Superior del Estado con mecanismos distintos y más eficaces en la aplicación de
auditorías, mismas que se podrán realizar de manera digital, el Congreso del
Estado aprobó reformas a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Guerrero.
De acuerdo con el dictamen de la Comisión
de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, fundamentado
por su presidente, diputado Jesús Villanueva Vega, el 11 de enero de este año
la Cámara de Diputados federal reformó la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación para establecer que los procesos de fiscalización
podrán ser realizados por la Auditoría Superior de la Federación, de manera
presencial o por medos electrónicos, a través de las herramientas tecnológicas.
Por estas razones, Villanueva Vega señaló
que era necesario homologar la Ley local para replicar el modelo de un sistema
de auditoría y fiscalización. “Es decir, estas reformas proponen dotar a la
institución de nuevas disposiciones legales que le permitan instrumentar
mecanismos distintos y más eficaces en la aplicación de auditorías”.
Con estas reformas también se fortalece la
eficiencia, la oportunidad y la innovación en el proceso de fiscalización a
través del uso de tecnologías de información, al utilizar un mecanismo seguro
como el Buzón Digital, la Firma Electrónica Avanzada expedida por el Servicio
de Administración Tributaria, notificaciones digitales, sello digital de
tiempo, entre otros elementos.
Intervenciones
Al participar en relación al “Origen de la familia, la dote y la trata de personas”, el diputado
Aristóteles Tito Arroyo expuso
que esta costumbre fue impuesta por los colonizadores a los pueblos originarios
como una forma de comercio y saqueo de las riquezas, dejando en la miseria a
las familias que, cuando procreaban hijas, se sentían en la obligación de
entregarlas en matrimonio, algo que se sigue practicando en algunos pueblos por
falta de políticas públicas.
Señaló
que no se puede criminalizar a los pueblos indígenas por realizar dicha
práctica y manifestó que el Estado está obligado a impulsar acciones que
generen más desarrollo en las comunidades para acortar la brecha de desigualdad
y ayudar en la solución de la problemática.
La diputada Leticia Mosso Hernández (PT)
abordó el tema para destacar que la protección de los derechos humanos es
prioritaria, particularmente de las niñas y adolescentes.
Reconoció que sigue habiendo una deuda
histórica con los pueblos y comunidades indígenas, pero consideró necesario
acabar con los matrimonios forzados de menores y garantizarles una vida libre
de violencia para su sano desarrollo, lo cual requiere mayor involucramiento y
compromiso de las autoridades.
En tanto que la diputada Erika Valencia Cardona (Morena) reconoció
que efectivamente hay cierta criminalización hacia los pueblos indígenas, sin
considerar los usos y costumbres.
En ese sentido, recordó que presentó una iniciativa para
involucrar a las asambleas de los pueblos en la lucha contra la trata de
personas, que ayuden a la concientización y que puedan intervenir en los casos
de trata de personas disfrazada de dote.
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