El diputado Antonio Helguera Jiménez presentó una iniciativa de
adición a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para crear la
Unidad Especializada en Inteligencia Patrimonial y Económica, que en
coordinación con los tres órganos de gobierno combata, persiga e inhiba las
operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena resaltó
que su propuesta tiene el fin de enfrentar el problema de la corrupción a
través de una política de Estado de responsabilidad, que impida actos de corrupción
en instituciones públicas y evite que los recursos públicos terminen siendo fortunas
de particulares, porque esto genera detrimento en el desarrollo del país y en
la calidad de vida de las familias.
Antonio Helguera reseñó que la Estrategia Nacional de Seguridad
Pública del Gobierno Federal plantea el combate al lavado de dinero mediante el
uso de la inteligencia financiera, y se propone el fortalecimiento y/o creación
de las Unidades de Inteligencia Financiera en las entidades federativas, considerando
que en la mayoría de los estados no existen.
Dijo que el problema de la corrupción en nuestra entidad se debe
enfrentar con una política de Estado, de responsabilidad transversal y
concurrente, de manera interinstitucional y con la participación comprometida de
los distintos poderes constitucionales, federal y locales, además de la
colaboración de la ciudadanía.
Helguera Jiménez explicó que la Unidad Especializada tendrá
autonomía técnica y operativa para combatir, investigar y perseguir las operaciones
con recursos de procedencia ilícita que la ley considera como delitos.
También tendrá la atribución de recibir denuncias por este delito para
tramitarlas hasta su total conclusión; realizar el análisis de operaciones
financieras, económicas y de otra información relacionada con este delito, o
cualquier otra manifestación delictiva de carácter económico de la que conozca,
así como presentar denuncias ante la autoridad competente.
Para lograr los objetivos la Unidad Especializada tendrá acceso a
las bases de datos, expedientes y registros con los que cuente el Gobierno del Estado
y los municipios; para verificar los datos de padrones y registro de
contribuyentes; comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las
personas físicas y morales, de servidores públicos y de particulares; para
detectar conductas que pudieran favorecer la comisión del delito, entre otros.
Esta iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión de Justicia
para su análisis y dictaminación correspondientes.
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