El Pleno del Congreso del Estado ratificó por
unanimidad el Acuerdo Parlamentario que contiene el
“Protocolo para desarrollar de manera libre, previa, informada y de buena fe el
proceso de consulta para poder crear, reformar, adicionar o derogar las leyes
que impacten en la esfera de derechos a las comunidades y pueblos indígenas y
afromexicanos”.
El acuerdo de ratificación al que dio
lectura la Mesa Directiva, precisa que el pasado 22 de febrero de este año la
Comisión Permanente de este Congreso aprobó dicho protocolo para dar
cumplimiento a las sentencias que emitió la Suprema Corte de Justicia de la
Nación por acciones de inconstitucionalidad relativas a diversos decretos relacionados
con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
El acuerdo indica que el Congreso del Estado es parte vinculante
junto con el Ejecutivo estatal en las resoluciones de acción de
inconstitucionalidad, siendo imprescindible generar los mecanismos que permitan
el desarrollo de actividades para la realización de consultas en las
comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, para estar en posibilidades de
crear o modificar los ordenamientos legales que se vieron impactados por la
declaratoria de inconstitucionalidad respectiva.
Con esto, el Poder Legislativo se prepara para llevar a cabo las
referidas consultas conforme a los principios y estándares dispuestos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados
Internacionales expuestos por la Suprema Corte en las sentencias.
Entre las disposiciones que se contemplan en el Protocolo están:
el reconocimiento a la identidad multiétnica, plurilingüística y pluricultural
sustentada en sus pueblos originarios, particularmente los nahuas, mixtecos,
tlapanecos y amuzgos, así como sus comunidades afromexicanas.
Se prevé también dar cumplimiento al Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes (OIT), que precisa en sus artículos 6 y 7, numerales 1 y
2, que al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados, deberá
tomarse en consideración que los pueblos indígenas tienen el derecho humano a
ser consultados mediante procedimientos culturalmente adecuados, libres,
informados y de buena fe.
Y para coadyuvar en el proceso de consulta, se conformará un
Grupo Técnico lnterinstitucional con representantes del Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Junta
de Coordinación Política de la LXIII Legislatura y las Secretarías General de
Gobierno, de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, de Seguridad Pública, de la
Mujer, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero y del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado, en calidad de
órgano garante, vigilará que en el proceso de consulta a los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanos se les garanticen todos sus derechos,
mientras que por parte de las Asambleas Regionales o Municipales de los pueblos
y comunidades indígenas se designará a los traductores e intérpretes.
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