Con la premisa de privilegiar el diálogo
como instrumento eficaz para la solución de conflictos y la pacificación y
desarrollo de la entidad, se reunieron este miércoles diputados de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado con integrantes de la Unión
de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
En las instalaciones del Congreso, los
diputados Alfredo Sánchez Esquivel, Héctor Apreza Patrón y Raymundo García
Gutiérrez, presidente, secretario y vocal de la Jucopo, respectivamente, además
del diputado Rafael Navarrete Quezada, atendieron los planteamientos de dicha
organización en temas como la construcción de una mesa de diálogo y acuerdos
para la pacificación del estado, así como la Consulta a los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas.
En su intervención, el diputado Alfredo
Sánchez les reiteró que las puertas del Poder Legislativo siempre están
abiertas para todas las organizaciones sociales que buscan el diálogo para la
solución de sus problemas.
Refirió que siempre serán respetuosos de
las organizaciones y les reconocen su trabajo en pro de la seguridad pública; prueba
de ello son las iniciativas presentadas recientemente para que los pueblos y
comunidades indígenas emitan su opinión respecto al marco jurídico en materia
de seguridad.
“Por primera vez en la historia se hace una
consulta de esta dimensión, donde se le entrega la potestad a los pueblos
originarios y afromexicanos para que den una directriz al Poder Legislativo, en
busca de generar leyes acordes a sus necesidades y a la realidad de Guerrero”, abundó.
Al hacer uso de la palabra, el diputado
Héctor Apreza resaltó que el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) está cambiando la forma de hacer política en Guerrero y definiendo
cómo el Congreso debe de trabajar. “Se
está aprendiendo a abrir espacios de diálogo para escuchar a los que están en
contra o a favor de algún ordenamiento”, apuntó.
Reiteró la importancia de trabajar en la
construcción de nuevos escenarios porque nadie tiene la verdad absoluta. Ante
esto, abundó, se tiene que abrir un diálogo permanente con el pueblo, construir
acuerdos y aprobar leyes que verdaderamente representen su voluntad y resuelvan
sus problemáticas.
Indicó que la seguridad pública y el
desarrollo de la entidad son demandas sentidas de la población y una responsabilidad
compartida de los tres órdenes de gobierno y la sociedad, hecho por el cual se
deben buscar mecanismos de diálogo novedosos para que participen las y los
guerrerenses.
En su oportunidad, el diputado Raymundo
García Gutiérrez puntualizó que la postura del Congreso del Estado siempre será
de diálogo y acercamiento con las y los guerrerenses. En ese sentido, aseguró
las y los diputados de la LXIII Legislatura están en la ruta de escuchar los
planteamientos de la sociedad respecto a las leyes que les afectan.
Al hacer uso de la palabra, el dirigente
de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, refirió que su organización está interesada
en participar en el proceso de Consulta a los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas, para lo cual están dispuestos a solicitar a la SCJN que amplíe el
plazo para la realización de dicho ejercicio, que les brinde tiempo de analizar
detenidamente cada una de las propuestas legislativas.
Se integró a la reunión el subsecretario
de Coordinación, Atención y Enlace de Organizaciones Sociales, Ernesto Fidel
Payán Cortinas, en representación del Gobierno del Estado, manifestando en su
oportunidad que es voluntad del Ejecutivo instalar una mesa de trabajo para establecer
un diálogo circular que permita encontrar alternativas de solución a las
diversas problemáticas de los pueblos, como salud, educación, seguridad, entre
otras.
Al término de la reunión, se firmó una
minuta de acuerdos que contempla una próxima reunión para el próximo 4 de abril
en las instalaciones del Ejecutivo estatal, con la presencia de representantes
de distintas dependencias de gobierno que atiendan las demandas de la
organización.
Asimismo, quedó establecido el
compromiso de los legisladores y de la representación del gobierno para
analizar la firma de un convenio de colaboración para la pacificación del
estado.
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