Atendiendo
las demandas y propuestas que han hecho colectivos de búsqueda y familias de
personas desaparecidas, el presidente de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo) del Congreso del Estado, Alfredo Sánchez Esquivel, encabezó una Mesa
de Trabajo Interinstitucional donde presentó el Anteproyecto de Ley en Materia
de Desaparición de Personas del Estado de Guerrero.
Este
anteproyecto busca ser una herramienta legal que complemente los instrumentos
nacionales para la búsqueda de personas a nivel local, y derivó de un
compromiso acordado el pasado 22 de marzo en una reunión previa con colectivos
de Guerrero y representantes de la Cruz Roja Internacional.
Sánchez
Esquivel señaló que la actual Legislatura tiene toda la voluntad política de
escuchar y trabajar de manera coordinada junto a los colectivos y familiares de
personas desaparecidas, a efecto de enriquecer el anteproyecto.
También
reconoció el trabajo y esfuerzo que realizan los grupos de colectivos en los
procesos de búsqueda de personas desaparecidas.
“Mi
reconocimiento a todos estos colectivos que llevan años, décadas luchando.
Nosotros los entendemos, no somos de otro lado; también hemos vivido
experiencias dolorosas, experiencias que van quedando en la historia de nuestra
propia vida, y en parte entendemos mucho de lo que a ustedes les ha pasado”,
externó enfático.
El
legislador indicó que Guerrero es un estado lastimado en sus derechos humanos
que se ha visto afectado por la impunidad, opacidad y negligencia; trayendo
como resultado delincuencia y criminalidad.
Sin
embargo, resaltó que hoy se cuenta con una gobernadora sensible y con un
Congreso emanado del pueblo donde todos los grupos políticos han puesto de su
parte y se han comprometido para que el anteproyecto de ley sea un precedente
que sirva para establecer las competencias y las formas de coordinación entre
el Estado y sus municipios, y distribuir las responsabilidades para la búsqueda
de las personas desaparecidas, así como la coordinación entre los diversos
poderes, órganos y organismos autónomos del estado.
“Les
reitero que tenemos la voluntad política para garantizar sus derechos humanos y
que en todo momento se sientan representados; porque esta ley, una vez que se
presente ante el Pleno, será de ustedes”, remarcó.
Dentro
de los puntos que contempla el anteproyecto de Ley en Materia de Desaparición
de Personas del Estado de Guerrero, destacó que se va a garantizar la
participación de familiares en el diseño, implementación, monitoreo y la
evaluación de las acciones de búsqueda, así como en la investigación e
identificación de personas desaparecidas.
También
se creará el Banco de Registros Estatales de Personas Desaparecidas, de Fosas
Comunes y Clandestinas, y de Personas Fallecidas no Identificadas, procurando
que siempre estén actualizados.
Este
anteproyecto también integra capítulos innovadores que no se encuentran en la
Ley General ni algún otro estado, enfocados en atender la desaparición de
mujeres, derechos humanos de la niñez y juventudes, quienes deberán ser
respetadas y nunca criminalizadas ni revictimizadas bajo ningún estereotipo o
prejuicio, previo a emprender su búsqueda.
“Es
una triste realidad que debemos atender con especial dedicación, para que ni
una más sea víctima de ningún tipo de violencia. A las mujeres se les debe
buscar sin suponer y se les debe encontrar sanas y salvas”, enfatizó el
diputado.
En el
encuentro, los representantes de los colectivos y familiares de personas
desaparecidas expresaron diferentes planteamientos y propuestas para que sean
contempladas e integradas al anteproyecto de ley, a fin consolidar la mejor ley
posible.
A su
vez, pidieron al presidente de la Jucopo que ponga todo su compromiso para que
el anteproyecto se dictamine y se apruebe lo más pronto posible, a efecto de
que sus demandas sean atendidas como lo merecen.
La
reunión de trabajo también contó con la presencia de las diputadas Gabriela
Bernal Reséndiz, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, y
Estrella de la Paz Bernal, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, así como autoridades del Gobierno del Estado, Fiscalía General del
Estado, Comisión Estatal de los Derechos Humanos y Cruz Roja Internacional.
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