Con las modificaciones hechas por el Congreso de Guerrero al
Código Penal local en materia de aborto, esta entidad se pone a la vanguardia
legislativa en materia de derechos humanos de las mujeres a decidir sobre su
vida y su cuerpo, y se hace frente a la problemática de mortalidad de mujeres
por abortos clandestinos.
Así lo señaló la diputada Beatriz Mojica Morga, secretaria de la
Comisión de Justicia, durante la sesión de este martes en que el Pleno de la
LXIII Legislatura aprobó el dictamen que contiene las reformas y adiciones a
dicho ordenamiento para establecer la interrupción legal del embarazo dentro de
las primeras 12 semanas de gestación, además de penas consecuentes a quien se
realice o ayude a realizar este procedimiento después de los plazos
establecidos, con o sin el consentimiento de la mujer.
Añadió la diputada que con la
aprobación de estas reformas se da cumplimiento también a la sentencia de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y respuesta a la Alerta de
Violencia contra las Mujeres por Agravio Comparado en Guerrero.
Destacó
que de ninguna manera se trata de promover el aborto, sino que se reconoce el
derecho humano de la mujer a decidir sobre su vida y su cuerpo, además de que
se pretende eliminar la tasa de mortalidad de mujeres en Guerrero por abortos clandestinos
que provocan hemorragias obstétricas y, por ende, la muerte.
Subrayó, asimismo, que este avance permitirá terminar con la
criminalización legal y social que ha afectado por décadas a las mujeres, sobre
todo a las más pobres y con poco acceso a la información sobre sus derechos
sexuales y reproductivos.
Por
ello, convocó a sus homólogos a tomar en serio su papel de legisladores y estar
a la altura del momento histórico. “Cuando estamos en este Pleno estamos más
allá de nuestras creencias personales; cuando estamos en este Pleno nuestro
deber es laico y de atención a las problemáticas sociales”, manifestó.
El
dictamen también señala en el artículo 155 que el aborto se permite con
consentimiento hasta las primeras 12 semanas de gestación, con excepción de las
excluyentes de responsabilidad, y se reduce la pena de 1 a 3 años de prisión a
6 meses o 2 años a quien practique el aborto después de este tiempo, con o sin consentimiento
de la mujer.
Razonaron
su voto en contra las y los diputados Jesús Parra García, Ana Lenis Reséndiz
Javier, Yanely Hernández Martínez y Julieta Fernández Márquez, mientras que a
favor lo hicieron Gloria Citlali Calixto Jiménez, Nora Yanek Velázquez Martínez,
María Flores Maldonado, Beatriz Mojica y Antonio Helguera Jiménez.
Iniciativas
El diputado Adolfo Torales Catalán propuso adicionar la
Constitución Política del Estado para establecer textualmente las áreas con las
que debe contar un Órgano Interno de Control Municipal. Asimismo, la Ley
Reglamentaria deberá definir los perfiles y requisitos para ser titular de las
Unidades Técnicas, que son las que atenderán y desarrollarán los diversos
procedimientos que la Ley ordena a dichos órganos. Turnada a la Comisión de
Estudios Constitucionales y Jurídicos.
Para reducir de 5 a 3 años la temporalidad de residencia en favor
de quienes aspiran a un cargo de diputado local, presidente municipal, síndico
o regidor, la diputada Jennyfer García Lucena presentó una iniciativa de
reforma a la Constitución Política del Estado. La propuesta fue turnada a la
Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y
dictaminación.
A la Comisión de Desarrollo Económico y del Trabajo se turnó una
iniciativa presentada por el diputado Raymundo García Gutiérrez para derogar la
fracción III del artículo 36 Bis 1 de la Ley Estatuto de los Trabajadores al
Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados
y Descentralizados, para eximir a las entidades públicas de la obligación de
reinstalar a trabajadores de confianza cuya antigüedad sea menor de un año,
mismos que sólo gozarán de las medidas de protección de su salario y de los
beneficios de la seguridad social, conforme al mandato constitucional.
El mismo diputado propuso reformar la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado para renovar o adecuar el marco jurídico
electoral en la entidad, relativo a la asignación de regidores por el principio
de representación proporcional, y que en caso de solicitud de recuento de
votos, esto se realice al inicio de la sesión o antes de la conclusión del
cómputo general de la elección, para el caso de los municipios donde existan
dos o más consejos distritales. La propuesta se turnó a la Comisión de
Justicia.
Por su parte, la diputada Jessica Alejo Rayo presentó una
iniciativa de adición a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado
para incluir el término “nepotismo”, definiéndolo como la persona servidora
pública que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o
comisión, directa o indirectamente designe, nombre o intervenga para que se
contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios a
personas con las que tiene parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado,
de afinidad hasta el segundo grado o vínculo de matrimonio o concubinato. Esta
propuesta se turnó a la Comisión de Justicia.
El diputado Ociel Hugar García Trujillo planteó adicionar la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado para que la Fiscalía Especializada
en Investigación del Delito de Homicidio Doloso Cometido en Agravio de Mujeres
y demás personas con Orientación o Preferencia Sexual por Identidad o Expresión
de Género sea incluida dentro de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, y no sólo en el Reglamento, para dotarla de todas las facultades
legales para su debida actuación. Turnada a la Comisión de Justicia
A la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos se turnó
una propuesta del diputado Bernardo Ortega Jiménez para reformar la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado y que, en los casos de empate en la
votación de comisión ordinaria o comisiones unidas, quien ostente la
Presidencia pueda ejercer sin mayor trámite su derecho al voto de calidad, con
la finalidad de determinar si se aprueba o no el proyecto de dictamen o
resolución.
Y por último, el diputado Carlos Cruz López presentó una
iniciativa de adición a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para crear la
Unidad de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, la cual será
encargada de apoyar a la Comisión del ramo en la evaluación del desempeño de
esta institución, y vigilará que sus servidores públicos cumplan cabalmente sus
funciones. La propuesta se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.
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