Para abonar al proceso de construcción de una
sociedad igualitaria, justa y democrática, basada en el reconocimiento,
respeto, protección y ejercicio pleno de las libertades y derechos humanos, la
diputada Angélica Espinoza García propuso reformar la Constitución Política del
Estado para que se reconozca a la cultura como un derecho humano.
En su propuesta, la legisladora de Morena expuso que
en nuestra Carta Magna el derecho a la cultura se menciona de manera marginal y
casi desdeñosa, englobándola dentro del derecho a la recreación social y el
deporte, lo que no es preciso, dado su importancia y forma de acceso, así como
a los mecanismos institucionales que la deben ponderar como un derecho humano.
Indicó que distintos tratados internacionales
especifican que la cultura debe ser considerada como el conjunto de rasgos
distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que
caracterizan a una sociedad o a un grupo social, y que abarca, además de las
artes y letras, modos de vida, maneras de vivir juntos, sistemas de valores,
tradiciones y creencias, y donde los derechos culturales son parte integral de
los derechos humanos, que son universales, indisociables e interdependientes.
Además, refiere que en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos se rescata la esencia del derecho a la cultura, al
señalar que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de
los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el
ejercicio de sus derechos culturales.
Sin embargo, Espinoza García señaló que la
Constitución local establece el derecho de toda persona a la recreación social,
deportiva y cultural, que permita el sano esparcimiento como medida para
auspiciar la integración y la convivencia colectiva, disposición que dista en
mucho, en cuanto a conceptualización, importancia y alcance, del derecho a la
cultura.
Por lo anterior, la legisladora considera necesario
establecer el derecho a la cultura como derecho humano, no como una simple
expresión retórica de un discurso gubernamental que margina, excluye y niega las bases fundacionales de la
construcción social.
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