El diputado Héctor Apreza Patrón presentó un paquete de
iniciativas de Ley y reformas a distintos ordenamientos para establecer el
derecho humano a la movilidad, que generen condiciones para el desarrollo de
infraestructura vial, de transporte, de accesibilidad a espacios públicos,
circulación peatonal y planes de ordenamiento territorial con visión ambiental
y preservación de los ecosistemas.
Las propuestas son para reformar la Constitución Política, la Ley
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y la Ley
de Transporte y Vialidad, todas del estado de Guerrero, y para la creación de
la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, con miras a otorgar garantías de
reconocimiento y protección del derecho de todas las personas a disfrutar de
las condiciones de seguridad y libertad necesarias para su movilidad.
En su exposición de motivos, el legislador integrante del Grupo
Parlamentario del PRI refirió que desde el 18 de diciembre del año 2020 se
elevó a rango constitucional un derecho relativamente nuevo y poco desarrollado:
el derecho a la movilidad y la seguridad vial, mismo que se adicionó al
artículo cuarto de la Carta Magna.
Expuso que de acuerdo con lo establecido en el Diagnóstico
Normativo en Materia de Movilidad del Gobierno de México, el derecho a la movilidad
representa una evolución del derecho a la libertad de tránsito, en su relación
con el derecho a un medio ambiente sano, entre otros relacionados e
interdependientes, como la vida y salud, el desarrollo sostenible, vivienda,
cultura, educación y trabajo.
Apuntó que todos estos derechos están estipulados en los Tratados
Internacionales suscritos por el Estado Mexicano y en la agenda 2030
relacionada con ciudades y comunidades sostenibles, que proporcionen accesos a
sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles, aumentando
la urbanización inclusiva y participativa de los asentamientos humanos y la
seguridad vial.
Apreza Patrón plantea con las iniciativas en comento que las
entidades federativas y los municipios deben realizar las armonizaciones
correspondientes para que, en el ámbito de su competencia, den cumplimento a
las disposiciones de Ley en publicadas en el Diario Oficial de la Federación el
17 de mayo del 2022, y que dieron un plazo de 180 días para armonizar el marco
legal estatal vigente en la materia, sentando las bases para garantizar el
respeto, protección y promoción del derecho humano a la movilidad.
Además, con las reformas se establecerán las directrices para
generar entornos más seguros, amigables con las personas, y que contribuyan a
mejorar su calidad de vida, definiendo con claridad la responsabilidad de Gobierno
del Estado y los ayuntamientos para impulsar los cambios de visión, diseño y ejecución
de políticas públicas, programas, planes y acciones en materia de movilidad y
seguridad vial a favor de la sociedad.
Las iniciativas fueron turnadas a sus respectivas comisiones de
Estudios Constitucionales y Jurídicos, de Transporte y de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, para su análisis y dictaminación.
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