Para garantizar un
entorno familiar sano y
libre de violencia para las personas que son susceptibles de adopción, la
diputada Jessica Alejo Rayo planteó reformar el Código Civil del estado para
establecer que las personas que quieran adoptar no hayan sido sentenciadas o se encuentren sujetas a proceso por delitos
que atenten contra la familia, la salud o sexuales.
En la sesión de
la Comisión Permanente de este miércoles, la diputada integrante del Grupo
Parlamentario de Morena definió a la adopción como una institución creada para cuidar y atender
los intereses superiores de la niñez, en casos de que la o el menor no pueda
ser cuidado o atendido por su familia de origen.
Además, dijo que la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes federales y estatales, así
como diversos tratados internacionales, establecen que el Estado debe velar y
cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando plenamente
sus derechos humanos y prever acciones y mecanismos que les permitan un
crecimiento y desarrollo integral.
Refirió también que la
adopción es benéfica para la niñez que no tiene una familia, para lo cual el
Código Civil del estado establece algunos requisitos, como acreditar que el
solicitante tiene medios suficientes para proveer la subsistencia, educación y
cuidados, y que se debe dar vista al Ministerio Público y al Sistema Estatal
para el Desarrollo Integral de la Familia, los cuales sólo podrán oponerse por
razones debidamente fundadas y motivadas, luego de que un juez califique
tomando en cuenta los intereses del menor, el respeto a sus derechos
fundamentales y la idoneidad del ambiente en que éste será insertado.
Asimismo, que sean idóneos
para adoptar quienes gocen de buena salud física, psicológica y afectiva; que sean de buenas costumbres y haber aprobado el curso
para padres adoptantes impartido por el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia, en busca de garantizar de la manera más amplia un entorno familiar
sano y libre de violencia para este sector.
Sin embargo,
Alejo Rayo indicó que dentro de los requisitos para la adopción no se establece
que no podrán hacerlo aquellas personas que haya sido sentenciadas o se
encuentren sujetas a proceso por delitos que atenten contra la familia, delitos
sexuales o delitos contra la salud, ante lo cual es indispensable agregar un
párrafo para garantizar la integridad biopsicosocial de los adoptados.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia del Congreso para su
análisis y emisión del dictamen correspondiente.
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