La diputada Julieta Fernández Márquez presentó un punto de acuerdo
por el que se exhorta al Ayuntamiento de Acapulco
para que establezca los mecanismos necesarios que tiendan a la regulación del
comercio ambulante en ese municipio, mediante la elaboración de un padrón único
de vendedores, la aplicación de una cuota anual y el establecimiento de una
ventanilla única para el pago correspondiente.
En su exposición de motivos, la legisladora integrante del Grupo
Parlamentario del PRI señaló que un sector muy importante de paisanos indígenas
que tuvieron que emigrar al puerto, han sobrevivido por generaciones del
comercio de artesanías y otros productos que ellos mismos fabrican y venden en
la zona turística y urbana de Acapulco.
Sin embargo, indicó que existe un reclamo generalizado por parte
de organizaciones y de los propios vendedores ambulantes de origen indígena y
sus descendientes, porque de manera reiterada se les violan sus derechos
humanos establecidos en los artículos 2 y 4 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
En ese sentido, Fernández Márquez explicó que en fechas recientes realizó
distintas asambleas comunitarias con motivo de las consultas sobre iniciativas
de Ley que está llevando a cabo el Congreso, y una de las peticiones
recurrentes que le han planteado los indígenas radicados en el puerto es que se
corrijan las arbitrariedades que padecen los vendedores ambulantes y se
establezcan reglas claras para que puedan seguir sosteniendo económicamente a
sus familias.
Fernández Márquez expuso que el cobro del comercio ambulante,
temporal o eventual, se encuentra regulado en el artículo 33 fracción II de la
Ley de Ingresos del Municipio de Acapulco para el ejercicio 2022, donde se
establecen de manera clara los conceptos que por el uso de vía pública los
comerciantes deben pagar, de acuerdo con cada giro.
El punto de acuerdo en mención propone que se establezcan los
mecanismos necesarios a efecto de regular y ordenar el comercio ambulante en el
municipio de Acapulco, procurando
garantizar la elaboración de un
padrón único, la aplicación de una cuota anual como lo marca la Ley antes
mencionada, y el establecimiento de una ventanilla única para el pago
correspondiente, que salvaguarde los derechos de los ciudadanos y sus familias
originarios de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
Esta propuesta fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico y
Trabajo, para su análisis y posterior dictamen.
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